La información como derecho para los pueblos latinoamericanos

Por: Gabriel Rustrian

La violación de la libertad de prensa ha sido un tema común en la política latinoamericana durante los últimos cincuenta años. Es también común entonces la aparición de medios de comunicación de corte progresista que defienden la premisa del libre acceso a la información para todos los círculos de una población. A menudo olvidamos que la mayoría de medios latinoamericanos son gestionados por grandes conglomerados empresariales quienes practican una agenda de prensa que, en su mayoría, responde a sus propios intereses.

Rafael Correa, ex presidente ecuatoriano manifiesta que muchos medios de comunicación han sido instrumentalizados por estos grupos de poder para afectar la democracia y la gobernabilidad de un país a través de la difusión de noticias falsas y de la distorsión y exageración de la realidad. Estas instituciones que, en sus palabras, defienden la “libertad de empresa” sobre la libertad de prensa, también tienen el poder de ocultar información importante y trascendental de forma indefinida, información que, de ser publicada podría ser del beneficio de muchos e influiría de forma directa en la administración del país.

El aspecto que más se admira de Correa en su crítica a los medios es la manifestación certera y desinhibida de un secreto a voces que la mayoría de mandatarios latinoamericanos prefiere callar: la prensa ostenta realmente el cuarto poder en el Estado y es capaz de colocar y deponer gobiernos, de favorecer y destrozar la reputación de multinacionales y de elevar como la espuma la popularidad de nuevas figuras públicas o bien, condenarlas al ostracismo.

 

Desde que se inventó la imprenta, la tan cacareada libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta Rafael Correa, ex presidente de Ecuador.

 

Correa aprobó en junio de 2013 la Ley de Comunicación en Ecuador. Gracias a esta acción salomónica se encuentran abiertos más de novecientos procesos legales en contra de cadenas de televisión, revistas, radios y periódicos, incluso existen procesos abiertos contra periodistas particulares. La iniciativa, que ya se encuentra en su tercer año de vigencia, fue tachada en sus inicios de persecución política, sin embargo, al analizarla detenidamente, no es más que la exigencia del gobierno constitucional para que los medios de comunicación sean honestos, transparentes y digan siempre la verdad. El ex mandatario ecuatoriano considera que la información es un derecho fundamental para el pueblo, comparado sin ninguna distinción con el derecho a la salud y a la educación y no puede ser vedado o regulado malintencionadamente por los grupos de poder.

Aplicando esta premisa a la realidad guatemalteca, la regulación de los medios está lejos de suceder. Las principales empresas de comunicación nacionales son administradas en su totalidad por los mismos grupos que desde hace años ostentan el verdadero poder en el país. Estas mega estructuras económicas son responsables incluso de aportar grandes inyecciones de capital a campañas políticas en pro de obtener beneficios económicos a corto y mediano plazo y de polarizar en su totalidad la acumulación de riqueza hacia un sector minoritario de la población. La publicación de información veraz y en rendimiento de un derecho para el pueblo constituye entonces una suerte de utopía.

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